La extrema preocupación del Gobierno español con respecto a las demandas internacionales presentadas por los inversores extranjeros, contrasta con la tranquilidad que manifiesta con respecto a los pleitos que cursan a través de la jurisdicción española por idénticas causas.
El Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, se reunirá mañana, día 29 de julio, a las 12:00 horas, con D. Francisco Fernández Marugán, Adjunto Primero del Defensor del Pueblo, para avanzar en la vertiente judicial de la reciente recomendación del Defensor del Pueblo, en la que esta Institución solicita “Adoptar las medidas necesarias para que los inversores españoles en energía fotovoltaica que han visto recortada su retribución, no reciban peor trato que los inversores de los países signatarios del Tratado sobre la Carta de la Energía”
La extrema preocupación del Gobierno español con respecto a las demandas internacionales presentadas por los inversores extranjeros, contrasta con la tranquilidad que manifiesta con respecto a los pleitos que cursan a través de la jurisdicción española por idénticas causas, una paradoja que traslada la sensación de que la justicia española fallará en contra de los fotovoltaicos nacionales, mientras que los tribunales de arbitraje internacional sí darían la razón a los fotovoltaicos foráneos que invirtieron en nuestro país.
En este sentido, el diario Cinco Días recogió el pasado día 17 de julio las siguientes afirmaciones: “Algunos despachos de abogados españoles aseguran haber recibido llamadas de los responsables de Industria pidiéndoles que se abstengan de defender en los tribunales a las empresas de renovables, que recurrirán masivamente sus recortes de ingresos. Aun con todo, hay coincidencia al señalar que ni al ministro, José Manuel Soria, ni al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, les preocupan los recursos en España, aunque sí los arbitrajes internacionales”.
El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, realiza ingentes esfuerzos por contentar a los productores extranjeros y, por este motivo, incluso se desplazó a EE.UU y a los Emiratos Árabes; mientras que no ha querido ni siquiera recibir en su despacho de Madrid a los representantes de las 62.000 familias fotovoltaicas españolas.
Anpier pedirá al Defensor del Pueblo que investigue esta sorprendente dualidad del Ministerio de Industria, Energía y Turismo frente a un mismo hecho, que discrimina a nacionales frente no nacionales; y que inicie estas pesquisas en razón del Artículo 9 de la Ley Orgánica 3/1981, que fija las atribuciones de esta Institución: “El Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes en relación con los ciudadanos”
El presidente de Anpier, Martínez-Aroca, lamenta que, a la luz de estos hechos, “da la sensación de que los productores fotovoltaicos españoles deberemos agotar la jurisdicción nacional como mero trámite, antes de poder solicitar justicia en las instancias internacionales, en este caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y entonces, ya sí, suponer motivo de preocupación para el Estado español”.